Endurecen castigos contra el lavado de activos: El Salvador actualiza su marco legal

La nueva Ley de Lavado de Activos aprobada por la Asamblea Legislativa marca un cambio estructural en la lucha del Estado salvadoreño contra los delitos financieros. Con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión, la normativa busca cerrar los espacios de impunidad para el lavado de bienes de origen ilícito.

El texto legal reemplaza la anterior Ley de Lavado de Dinero y Activos, eliminando el término “dinero” para unificar el concepto en torno a los “activos”. Las sanciones básicas oscilan entre 9 y 15 años, pero aumentan en casos agravados, como cuando el delito involucra a funcionarios o recursos públicos.

Entre las reformas más destacadas figura el incremento del monto máximo de ingreso y salida de divisas —de $10,000 a $15,000— y la incorporación del delito de “conspiración” para quienes participen en la planificación de estas operaciones.

La ley también suprime algunos tipos penales anteriores, como los “casos especiales de lavado”, pero mantiene las sanciones por encubrimiento. Además, redefine el catálogo de delitos que pueden originar el lavado de activos, ampliándolo a cualquier crimen grave.

El nuevo Comité Interinstitucional (Ciplaft) será el órgano encargado de coordinar políticas, estrategias y lineamientos nacionales para prevenir y sancionar el lavado y el financiamiento del terrorismo, integrando a las principales autoridades de seguridad, justicia y finanzas del país.

Con estas reformas, El Salvador se alinea con las normas internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), fortaleciendo su reputación como un país comprometido con la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de su sistema financiero.