Rafael Góchez cuestiona el uso del término «presuntos pandilleros» para referirse a criminales condenados

El analista político Rafael Góchez denunció este día la insistencia de ciertos sectores de la oposición, activistas y abogados en calificar como «presuntos pandilleros» a sujetos que ya cuentan con condenas en firme o a quienes se les ha comprobado judicialmente su pertenencia a estructuras terroristas. Durante su participación en Noticiero El Salvador, Góchez subrayó que esta terminología es imprecisa y manipuladora, especialmente cuando se aplica a cabecillas que ya purgan penas de prisión por delitos graves, ignorando la realidad jurídica de los procesados.

A juicio del analista, esta postura responde a una estrategia de conveniencia política diseñada para mantener un discurso de confrontación contra la administración del Presidente Nayib Bukele. Góchez explicó que, si estos grupos admitieran abiertamente que los detenidos son miembros de organizaciones terroristas, se invalidaría el argumento de que el Gobierno está atacando a civiles inocentes. «Si lo admiten, quedan como lo que realmente son: defensores de pandilleros», aseveró, señalando que la narrativa busca presentar a los criminales como víctimas del sistema.

Góchez fue incisivo al mencionar la reciente comparecencia de representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el Centro Kennedy y Cristosal ante el Congreso de Estados Unidos. Según el analista, estos actores evitaron catalogar a la MS-13 como un grupo terrorista por dos razones fundamentales: una convicción ideológica que ve al pandillero como un «excluido social» y la necesidad de sostener su retórica ante la comunidad internacional. Al omitir la naturaleza criminal de estas estructuras, estos grupos intentarían justificar su oposición a las medidas de seguridad que han pacificado el país.

Finalmente, el análisis destacó que los juicios masivos que se ejecutan actualmente están dirigidos contra estructuras de mando ya identificadas, lo que desvirtúa la presunción de inocencia en casos de membresía comprobada. La controversia sobre el lenguaje utilizado por las ONG y activistas pone de relieve la polarización en la interpretación de la crisis de seguridad. Para Góchez, la defensa de estos términos no es una cuestión de rigor legal, sino una herramienta política para intentar desacreditar los avances en el control territorial y la desarticulación de las pandillas en El Salvador.