“Saiper” y “Callejero” sentenciados a 81 años de prisión por crímenes contra la población de Nejapa

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso severas condenas de hasta 81 años de prisión contra 23 integrantes de la Mara Salvatrucha que operaban en Nejapa. Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) probó la participación de los acusados en una serie de homicidios agravados y agrupaciones ilícitas ocurridos entre 2015 y 2016. Los terroristas, identificados como miembros de la célula “Nejapa Locos Salvatruchos”, ejecutaban crímenes bajo las directrices de la estructura jerárquica denominada “Programa Libertad”.

Las penas más altas fueron dictadas contra William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper», y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero». Ambos fueron sentenciados a 81 años de cárcel tras comprobarse su autoría en tres casos de homicidio agravado. Asimismo, Jonathan Alexander Huezo Molina y Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», recibieron una condena de 56 años de prisión por ser encontrados responsables de dos asesinatos, sumado a su pertenencia activa a la mencionada organización criminal.

La mística de la justicia salvadoreña también alcanzó a otros cabecillas y colaboradores de la clica. Los pandilleros Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», fueron condenados a 31 años de cárcel cada uno. Estos sujetos enfrentaron cargos por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, delitos que mantenían en zozobra a las familias y comercios del sector de Nejapa.

Finalmente, otros 15 pandilleros recibieron diversas penas bajo la aplicación del Código Penal anterior, sumando cinco años de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas y conspiración. Este fallo judicial representa un golpe contundente contra las células que operaban con impunidad en décadas pasadas, asegurando que los responsables de crímenes históricos rindan cuentas ante la ley. Con estas sentencias, las instituciones del Estado reafirman su compromiso de garantizar que los criminales no vuelvan a las calles para amenazar la paz de los ciudadanos.