La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa dio luz verde a la iniciativa del Ejecutivo que solicita un refuerzo de $10 millones al presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el fin de garantizar la alimentación de los privados de libertad y la operatividad de los centros penitenciarios del país.
El dictamen favorable será conocido en la sesión plenaria de este martes, donde se prevé su aprobación.
Durante la reunión, los diputados escucharon a Laura Arce, subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda, quien explicó que el aumento en la población penitenciaria ha generado mayores demandas presupuestarias.
“Estos fondos permitirán continuar proporcionando la alimentación de las personas privadas de libertad, como parte del respeto a sus derechos humanos, y asegurar el normal funcionamiento de los centros penales”, señaló la funcionaria.
El Viceministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Centros Penales, ha impulsado un proceso de transformación del sistema, orientado a la reinserción social y la productividad de los reclusos, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.
Con el refuerzo económico, el Ejecutivo busca atender las necesidades básicas de la creciente población penitenciaria y fortalecer el modelo de gestión carcelaria implementado en los últimos años.
