Diputados y Ejecutivo cierran filas contra propuesta de liberar a 89,000 detenidos

El presidente de la república, Nayib Bukele, cuestionó duramente un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual un grupo de «expertos» internacionales aboga por la liberación de 89,000 pandilleros capturados bajo el régimen de excepción. El mandatario denunció que activistas y organizaciones financiadas por Open Society intentan matizar el contenido del documento, asegurando que calificar las detenciones como “arbitrarias” es una exigencia implícita de liberación inmediata. Bukele señaló que estas organizaciones actúan como «bufetes legales internacionales del crimen» al intentar proteger a miembros de estructuras terroristas.

Durante su intervención en redes sociales, el gobernante criticó el argumento del informe que señala como violación a los derechos humanos el encarcelar a alguien por su pertenencia a una pandilla y no solo por delitos específicos. El jefe de Estado rechazó la idea de que ser pandillero sea un “derecho de identidad”, ejemplificando que portar tatuajes alusivos a la MS-13 es causa suficiente para la detención bajo la normativa vigente. Asimismo, lamentó que el documento exija al Estado salvadoreño derogar la legislación penal y procesal juvenil que acompaña las medidas de seguridad, así como el retiro de la Fuerza Armada de las calles.

Al debate se sumaron diputados de la bancada de Nuevas Ideas, quienes respaldaron la postura del Ejecutivo y calificaron de «indefendible» la posición de los organismos internacionales. La diputada Alexia Rivas expresó que es preocupante que se emitan opiniones sin validar la realidad del país, lo que en la práctica se traduce en promover la impunidad para los criminales. Por su parte, el jefe de fracción Christian Guevara criticó que se intente señalar al Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad debido a las condiciones de reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde permanecen los cabecillas de estas estructuras.

Finalmente, el presidente Bukele reiteró que existe una narrativa coordinada entre medios internacionales y activistas para presionar al país y forzar la liberación del total de los capturados desde marzo de 2022. El mandatario enfatizó que estas organizaciones han “quedado al descubierto” ante la población salvadoreña al proponer medidas que desmantelarían los logros obtenidos en materia de seguridad. Con este intercambio, el Gobierno reafirma que no dará marcha atrás en la aplicación del régimen de excepción, posicionando la tranquilidad de los ciudadanos honrados por encima de las exigencias de entes extranjeros.