Estafadores sudamericanos de Venicars enfrentan audiencia
Más de 1,300 víctimas de la millonaria estafa pagaron diversas cantidades de dinero por vehículos. La resolución será este jueves.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador llevó a cabo la primera audiencia del proceso penal correspondiente al tercer expediente judicializado por la Fiscalía General de la República contra los ocho miembros de la empresa Venicars, acusados de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Estos extranjeros son señalados por defraudar a más de 1,300 personas mediante la promesa de vender vehículos a precios atractivos, pero nunca entregaron los automóviles.
La empresa, registrada en octubre de 2024 en El Salvador, operaba desde el Edificio Century Tower, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador. A través de publicidad en redes sociales, Venicars se presentaba como una sociedad anónima dedicada a la venta de vehículos mediante un esquema de compra programada, con la oferta de cuotas fijas, sin intereses y en muchos casos, sin necesidad de prima.
Sin embargo, la realidad era muy diferente. Las víctimas, atraídas por estas ofertas, realizaron pagos adelantados que iban desde $800 hasta $1,000 por automóvil, y luego fueron informadas que los vehículos les serían entregados en un plazo de quince días a tres semanas, pero nunca recibieron lo prometido.
El Ministerio Público detalla que, en este tercer expediente, se encuentran 40 víctimas directas que sufrieron un perjuicio económico total de $30,000. La Fiscalía ha solicitado además que se inicie una acción civil para que los estafadores devuelvan las sumas de dinero robadas a estas personas.
Los acusados son Daniel Alejandro Guzmán, Gabriel Andrés Ponce Ruiz, Doménica Elizabeth Flores Rodríguez, Mabel Ruth Solís, Bryan José Urbano Salazar, Brayan Alexander Camacho Melean, Francis Dorelys Batson Guzmán y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.
Las investigaciones apuntan a que, además de las víctimas directas de este tercer expediente, ya se han registrado otros casos en los que los imputados convencieron a los afectados de hacer depósitos bancarios que variaban entre los $5,000 y $10,000 para participar en rifas de vehículos o en asambleas de compraventa. Al final, los vehículos nunca fueron entregados, y las víctimas quedaron sin respuesta.
En esta fase del juicio, el tribunal analizará las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinará las medidas legales que se aplicarán a los imputados, quienes enfrentan cargos por el delito de estafa agravada en perjuicio de cientos de personas.
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