Gobierno de Nasry Asfura suprime grupo de élite policial señalado por graves abusos a los derechos humanos
La fuerza de seguridad, que perdió el apoyo financiero de Estados Unidos, será sustituida por una nueva unidad tras la muerte de varios agentes.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, encabezado por el mandatario conservador Nasry Asfura, decretó la cancelación oficial de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco). La drástica medida institucional se tomó tras constatar graves fallos y negligencias en un operativo fronterizo que terminó con el asesinato de varios agentes el pasado 21 de mayo. El Gobierno central confirmó que la cúpula de dicha división ya había sido suspendida previamente en la localidad de Omoa, y detalló que este escuadrón será sustituido por una nueva unidad táctica.
Las investigaciones oficiales determinaron que el fallido procedimiento antidrogas carecía por completo de una orden judicial, existiendo además un evidente encubrimiento estatal sobre la verdadera naturaleza y el propósito de la misión. Los policías fueron emboscados y atacados de forma salvaje cuando pretendían allanar una vivienda donde supuestamente se refugiaban miembros de una red delictiva vinculada a narcotraficantes mexicanos. Tras ser sometidos por los criminales en la periferia, los oficiales de seguridad fueron ejecutados, lo que desató una inmediata revisión del modelo operativo vigente.
La Dipamco había ganado un enorme protagonismo público bajo el amparo de un estado de excepción impulsado por la anterior presidenta izquierdista Xiomara Castro (2022-2026), quien intentó sin éxito replicar la estrategia antipandillas de El Salvador. Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias acusaron formalmente a la célula policial de cometer abuso de autoridad, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Debido a estas reiteradas violaciones a los derechos humanos, el Gobierno de los Estados Unidos, que inicialmente había entrenado a los miembros del escuadrón, decidió retirarle de forma definitiva todo el apoyo financiero y logístico.
Finalmente, la disolución de esta fuerza élite ocurre en un contexto crítico para el país, sacudido por una cruenta ola delictiva y una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. El mismo día de la muerte de los policías, un comando armado asesinó a 19 personas en Trujillo, una zona disputada por bandas dedicadas a usurpar fincas de palma africana y controlar rutas del narcotráfico. Ante este escenario, el Congreso aprobó de urgencia una reforma penal para designar a las pandillas como terroristas, elevando las penas y autorizando a los militares a intervenir en tareas de seguridad pública.
