La crisis de inseguridad en Perú: homicidios en aumento y respuestas gubernamentales insuficientes
Perú enfrenta una creciente crisis de inseguridad con un aumento significativo de homicidios en lo que va del 2025. El estado de emergencia decretado por el Gobierno no ha logrado contener la violencia, generando críticas y protestas ciudadanas.
La crisis de inseguridad que vive Perú ha encendido las alarmas, con la criminalidad convirtiéndose en un problema grave que afecta directamente a la población, cobrando cientos de vidas en lo que va del año. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 18 de marzo de 2025 se reportaron 475 homicidios en todo el país, un incremento preocupante respecto a años anteriores, lo que evidencia la incapacidad de las autoridades para controlar esta situación.
El asesinato del cantante Paul Flores García, miembro del grupo Armonía 10, ha causado conmoción y ha puesto nuevamente sobre la mesa la falta de seguridad en las calles. En respuesta, el gobierno decretó estado de emergencia en Lima y Callao desde el 18 de marzo, pero esta medida no ha logrado frenar la ola de violencia. En las primeras 24 horas de su implementación, 15 personas fueron asesinadas en distintas regiones del país, lo que demuestra que el problema sigue creciendo.
Las cifras del Sinadef también revelan que, durante los primeros dos meses del año, se registraron 368 homicidios, mucho más que en periodos similares de años anteriores. Este aumento ha llevado a un promedio alarmante de un homicidio cada cuatro horas. Lima es la ciudad más afectada, con 160 asesinatos, seguida de La Libertad con 49, Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20. Este incremento refleja una expansión de la violencia en varias partes del país, con la mayoría de las víctimas siendo asesinadas con armas de fuego, lo que pone de manifiesto la facilidad con la que los delincuentes acceden a este tipo de armamento.
Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que la mayoría de los asesinatos están relacionados con la extorsión y las redes de sicariato, especialmente dirigidos a comerciantes, transportistas y empresarios. En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, un taxista fue asesinado a plena luz del día por un falso pasajero, lo que resalta el peligro al que la población está expuesta. También se han reportado homicidios de ciudadanos extranjeros en regiones como Huánuco y Arequipa, vinculados a bandas criminales que operan bajo la modalidad de “gota a gota”.
El estado de emergencia decretado el 18 de marzo, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje junto a la Policía, ha tenido poco impacto en la reducción de la criminalidad. En las primeras 24 horas de su aplicación, 15 personas fueron asesinadas, lo que pone en duda la efectividad de esta medida. Las extorsiones y amenazas se han convertido en una constante para los peruanos, quienes sienten que la inseguridad sigue avanzando sin control.
El aumento de los homicidios ha generado fuertes críticas hacia el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien defiende su gestión argumentando que la Policía Nacional está llevando a cabo operativos constantes para combatir la delincuencia. Sin embargo, las cifras demuestran que el problema persiste, lo que ha aumentado la presión en el Congreso. Tras el asesinato del cantante Paul Flores, varias bancadas han presentado mociones de censura contra Santiváñez, aunque él sostiene que su gestión ha sido la más efectiva en los últimos años, y que sin las estrategias policiales implementadas, la situación sería aún peor.
A pesar de las afirmaciones del Gobierno, que sostiene que la crisis de seguridad en Perú no es tan grave como en otros países de la región, como Colombia y Ecuador, la realidad en las calles es diferente. La violencia sigue escalando, y la ciudadanía enfrenta una creciente sensación de inseguridad. En respuesta a esta situación, organizaciones civiles han convocado una manifestación para el 21 de marzo en la Plaza San Martín de Lima, con el objetivo de exigir respuestas del Gobierno ante la creciente ola de inseguridad. Esta protesta, que se espera sea multitudinaria, busca visibilizar la preocupación de la población y presionar por medidas más efectivas para frenar la delincuencia en el país.
Lea también: El Salvador suma más días sin homicidios en 2025 gracias a las estrategias de seguridad
