Revocan acuerdo conciliatorio y envían a prisión a estafador de inmuebles en La Libertad
Ante el incumplimiento de los pagos pactados en 2025, la justicia ordenó la detención de Chávez Barbero para que cumpla una condena de ocho años por estafa agravada.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de cárcel a Luis Enrique Chávez Barbero, tras hallarlo culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de tres personas. Según las investigaciones fiscales, los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando el imputado se hizo pasar por empleado de una prestigiosa empresa de bienes raíces. Bajo esta fachada, ofreció viviendas en la residencial Ciudad Versalles, ubicada en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, aprovechando que los inmuebles se encontraban en fase de construcción para dar una apariencia de legalidad al negocio.
Las víctimas, confiando en la supuesta legitimidad de la transacción, entregaron un total de $14,000 en concepto de reservas y primas por las propiedades. Sin embargo, el proceso judicial determinó que Chávez Barbero no poseía los inmuebles ni tenía facultad legal alguna para realizar la venta de los mismos. El engaño fue total, dejando a los afectados sin el dinero invertido y sin la posibilidad de adquirir las viviendas prometidas, lo que motivó el inicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República para resarcir el daño causado.
El historial del caso revela que, en agosto de 2025, el tribunal había autorizado un acuerdo conciliatorio que permitía al procesado pagar la deuda mediante un abono inicial de $350 y 48 cuotas mensuales de $300. No obstante, Chávez Barbero incumplió lo pactado, lo que derivó en la revocación del beneficio y la continuación del juicio. “Tras valorar la prueba documental y testimonial que confirmó el delito, el juzgador emitió la sentencia y ordenó su detención inmediata para garantizar el cumplimiento de la pena”, comunicó el ministerio público tras la lectura del fallo.
Esta condena se suma a los esfuerzos de las autoridades por combatir el fraude patrimonial, luego de que en enero de este año se ordenaran más de 30 capturas por delitos similares. Las investigaciones recientes han puesto al descubierto diversas modalidades de estafa en el país, que van desde la venta de vehículos con documentación falsa hasta el traspaso ilegal de inmuebles mediante escrituras fraudulentas entre familiares. Con esta resolución, el sistema judicial envía un mensaje de cero tolerancia ante quienes utilizan el engaño para lucrarse del esfuerzo de los ciudadanos honrados.
