FGR revela “estratificación” de fondos ilícitos en el caso de corrupción de Sigfrido Reyes

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, y otros nueve implicados sean condenados a pagar $24,150,791.75 en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado. El caso ha sido elevado a juicio ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, el cual deberá decidir la culpabilidad de los acusados por cinco delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado y falsedad documental. Según el ministerio público, la red operó mediante seis sociedades utilizadas para estratificar fondos de origen ilícito, dándoles una apariencia legal a través de transacciones financieras sofisticadas.

La acusación se fundamenta en un extenso expediente que incluye auditorías financieras y pericias forenses elaboradas por expertos. Una de las pruebas clave determina que Reyes Morales, en su calidad de presidente del Congreso, se autoadjudicó y cobró más de $106,000 en viáticos por misiones oficiales, acción que configura el delito de peculado. Además, las investigaciones detallan que estos fondos, junto con otras sustracciones, fueron inyectados en empresas como Terrein S.A. de C.V. y Lubbex S.A. de C.V. para adquirir bienes inmuebles, pagar tarjetas de crédito y movilizar capital sin dejar rastros aparentes de irregularidad.

Otro de los pilares del proceso judicial es la compra de terrenos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) a precios inferiores a su valor real. Un examen de la Corte de Cuentas reveló que cinco inmuebles fueron vendidos a la sociedad Terrein con un perjuicio patrimonial de más de $105,000, dinero que presuntamente pasó a formar parte del esquema de blanqueo. La Fiscalía sostiene que entre 2006 y 2019, los imputados coordinaron esfuerzos en instituciones clave para sustraer dinero público y colocarlo en el sistema financiero mediante una estructura de “empresas fachada” diseñada específicamente para este fin.

Con el auto de apertura a juicio, el tribunal analizará los más de 4,000 folios del dictamen que acreditan incrementos patrimoniales no justificados tanto en las personas naturales como en las sociedades involucradas. La resolución de esta vista pública será determinante para establecer un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos de cuello blanco y la recuperación de activos estatales. Mientras tanto, la FGR reitera que ha logrado establecer con certeza procesal que los actos, aunque aparentemente aislados, formaban parte de una estrategia criminal continuada para defraudar al erario salvadoreño.